¿Realmente existen teatros en Ecuador? / Catherine Torres Cabanilla
¿Realmente existen teatros en Ecuador?
Desde la perspectiva de una graduada en ciencias políticas y relaciones internacionales, feminista y activista por los derechos humanos
Por: Catherine Torres Cabanilla
Hace un mes las bandas ecuatorianas Cometa Sucre y Abbacook hicieron público en sus redes sociales que se cancelaría un evento que estaban planeando desde hace mucho tiempo por varias dificultades, como prolongaciones de permisos municipales. Este evento habría sido un festival de dos días con seis bandas y artistas, previsto para la segunda semana de abril de este año en el Teatro Sánchez Aguilar. El teatro, tras ninguna respuesta del municipio de Samborondón, decidió cancelar el evento por falta de tiempo para difundir y promocionar.
Creo que quienes vivimos en el Guayas estamos cansadxs de la frecuencia con que ocurren este tipo de situaciones: de que al arte no se le dé cabida ni importancia. De los murales pintados de gris, los conciertos y festivales musicales cancelados, los museos cerrados por falta de financiamiento y los teatros con constantes obstáculos que impiden su mantenimiento y gestión. Yo, un poco harta y, como decimos acá, arrecha de esto, decidí indagar por qué en Guayaquil se envuelve a los teatros —que son espacios culturales— en tanta burocracia para poder funcionar.
El teatro Sánchez Aguilar. Foto: cortesía del teatro
Marco legal
Empecemos por que en Ecuador el arte y la cultura se encuentran englobados en el concepto de “entretenimiento” o “espectáculo público”. Sí. Varía un poco dependiendo del GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados ). Pero, básicamente, en el mismo cajón donde encontramos concursos de belleza, karaokes, discotecas y las antiguas corridas de toros, podemos encontrar galerías de arte, teatros, microteatros y demás espacios culturales.
Por lo tanto, no es sorpresa que les venga a contar que no existe alguna tipificación legal que respalde a las instituciones teatrales, o peor aún, que avalen su existencia.
Para poder abrir un teatro, como cualquier otro espacio que tenga algún tipo de actividad económica, es necesario buscar en el listado de la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) la actividad económica que compete al terreno. Ahí empieza el problema. Ni en Quito ni en Guayaquil existe —por jurisdicción de sus GADs— una actividad económica teatral. Es por esto por lo que quienes son dueñxs de teatros tienen que buscar la clasificación que más se asemeje a un teatro y las competencias del mismo, lo cual es un pito en el futuro. Porque para poder abrir cualquier cosa en este país se necesitan miles de permisos con miles de instituciones diferentes que no trabajan entre sí.
Los pongo un poco en contexto. La CIIU es parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Acá les dejo para que chequeen a profundidad de qué trata y cuál es su objetivo. En este artículo quiero enfatizar la división de las clasificaciones. En la clasificación R entra el arte y la cultura bajo la tipificación de “Artes, Entretenimiento y Recreación” (CIIU 4.0, pág. 213). En ninguna instancia se habla de teatros como instituciones o espacios culturales ni lo que engloban las actividades dentro de un teatro.
¿Por qué esto es un problema? El lenguaje es la primera herramienta de violencia, y en este caso, de invisibilización. Si todo lo que no compete a la industria comercial, agro o fabricación lo metemos dentro de un solo saco —arte, cultura, deporte, entretenimiento— las medidas, restricciones, presupuestos y agenda gubernamental pueden caer en el olvido de otras ramas dentro de esta industria. Se requiere urgentemente una separación del arte y la cultura del área de entretenimiento. Para lograr, así, una representación, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, justa y pertinente.
Un claro ejemplo de la práctica de lo discutido en el párrafo anterior es Argentina, donde tienen “sacos diferentes” para cada sector. Existe un presupuesto grandísimo para apoyar al arte y la cultura y existe una representación que logra la implementación de políticas públicas respectivas. El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) hizo un breve recorrido de las políticas culturales desde 1983 al 2019 donde mencionan:
Cuándo Cultura tiene rango de Secretaría dentro de una estructura ministerial, comparte su asignación presupuestaria, aun cuando el monto asignado no pueda gastarse en otra cosa. Esto también influye en la representatividad. (…) La asignación de recursos económicos al área manifiesta, tanto desde el ámbito político como desdeel administrativo, la intención, apoyo y prioridad que se le asigna.
En este artículo se concluye que, si existe una representación en el marco legal, los fondos asignados serán exclusivamente para esta. De esta forma se aseguran que el presupuesto sea utilizado solamente para este sector, comparando esto con Ecuador, donde el Ministerio de Cultura y Patrimonio y ordenanzas municipales de Guayaquil y Quito envuelven el entretenimiento y el deporte en un mismo saco. En Ecuador, en cambio, no hay separación de fondos ni representación que respalde cada departamento.
Irónicamente, en el artículo 380 de la Constitución del Ecuador se dicta que las responsabilidades estatales frente a la cultura son “apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas” implementando políticas públicas, garantizando fondos, diversidad y la difusión masiva de las mismas, entre otras.
Lo más chistoso es que si nos sumergimos más a fondo en las leyes e instituciones del país encontramos que, sí: existe un Ministerio de Cultura y Patrimonio, el cual trabaja de la mano con el Sistema Nacional de Cultura.
Y por ahí mismo encontramos el famoso RUAC o Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. En papeles tiene un buen propósito. Pero, en realidad, registrarte acá solo sirve para destacar tu existencia como artista o institución cultural. No hay seguridad social pero sí el “beneficio” de facturar con el 0% de iva. Sin embargo, para facturar con iva 0% como institución o espacio teatral, el RUAC te pide que tu actividad económica sea “teatro”, y, como vimos anteriormente, esta no existe.
Las butacas del teatro Sánchez Aguilar. foto: cortesía del teatro
¿Existen los teatros?
Lo que no se comunica no existe. Y como no existe, no hay políticas públicas que respalden o justifiquen las actividades de los teatros en Ecuador como parte de programas culturales. En este país, el arte y la cultura son parte del 1,93% del PIB (2019) —si es que no es más por las actividades que no figuran en esta estadística—, lo cual representa 2,072 millones de dólares del total de 107,4 millones de ese año. A esto lo llamamos “economía naranja”. Veamos su concepto explicado por el analista económico Francisco Coll Morales (s.f.):
La economía naranja hace referencia al mundo de la cultura, la industria creativa y la creación de contenido. Se denomina, por tanto, universo naranja a todas aquellas actividades que transformen el conocimiento en un bien o un servicio que trate de fomentar, además del beneficio económico, el desarrollo de la cultura y la creatividad. Es decir, actividades que, al igual que el cine, se encuentran dentro del mundo de la cultura.
Como me narraba Ramón Barranco, Director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, en una entrevista que le hice, si prestamos atención, son muy pocos los conciertos en teatros en Guayaquil, en comparación con Quito y Cuenca, — pese a que Guayaquil es las más grande geográficamente y más poblada— por la cantidad de impuestos municipales para abrir las puertas.
Ramón, justamente, subrayó que “los derechos de autor no son impuestos”, a raíz de una explicación suya sobre cómo se le pagaba a la SAYCE el 25% de impuestos por derechos de autor, cuando estos desembolsos no deberían ser impuestos. Sino —como ocurre en otros países— un monto destinado a una Sociedad de Gestión Colectiva de teatro —la cual no existe en Ecuador— o a la junta de beneficencia, por cualquier motivo.
También pensemos en algunas cosas que suelen ser privilegiadas por encima de otras. En el contexto del COVID-19, conversé con Juana Guarderas, actriz y dueña del teatro Patio de Comedias. Ella me comentaba que para poder ejecutar proyectos los permisos pasan con la tipificación de “reactivación de la economía”, mas no una “reactivación de espacios culturales y artísticos”. Esto muestra que se prioriza a la “buena economía” antes de cualquier otro aspecto que ayude al desarrollo de un país.
Y, sin embargo, la cultura puede contribuir al desarrollo.
Como menciona la UNESCO (2020), las personas encuentran arte y cultura con el fin de “buscar calmar la ansiedad, liberar el estrés provocado por el confinamiento y buscando ese efecto calmante y de relajación que produce la cultura en los seres humanos”. El arte tiene un efecto terapéutico, tanto para quien lo realiza como para quien lo aprecia. Tomemos nota para exigir que las cosas cambien, y no sólo en papel.
Recordemos, además, a la propia Constitución. Si es que, como menciona en la sección quinta, artículo 377 de la Constitución vigente “se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales”, ¿por qué siempre gana lo que se considera como “buena economía”, y no la cultura? ¿Por qué no hay políticas públicas que promuevan el desarrollo de este sector? O, que en el contexto en el cual nos encontramos, que protejan al arte y la cultura de ser forzados a detenerse, pausar o cerrar por falta de “atención”.
La falta de un marco legal o simbolismos estatales que apoyen y posicionen al arte y la cultura de este país es palpable. No hay seguridad social para artistas, no hay presupuesto destinado a proyectos ni planificación del mismo. Y, para empeorar las cosas, es evidente —lo explicaré más a fondo abajo— que la precarización de lxs artistas y gestorxs culturales incrementó en el 2020 por las medidas tomadas para la erradicación de la pandemia por COVID-19.
Insisto en ser repetitiva: se necesitan políticas públicas que avalen la gestión cultural, tanto de una persona natural como en una institución pública o privada. El arte y la cultura no son sólo entretenimiento: este, hay que dejarlo claro, no es el propósito de unx artista o gestorx. “Nadie abre un teatro con el fin de convertirse en una empresa”, como me comentaban por teléfono Javier y Ricardo Velasteguí, fundadores de Pop-Up, microteatro en Guayaquil con siete años de trayectoria.
¿Cómo percibe, entonces, la gente que se dedica a ello a los teatros en el país? Todas las personas entrevistadas para la redacción de este artículo concluyen en lo mismo: los teatros no existen, por lo menos en lo que se refiere al marco legal expuesto en estas líneas. Sentí tristeza al saber de sus bocas que hay teatros que prefieren quedarse atrás —legalmente, o recurriendo al cierre de puertas— por el papeleo innecesario, la alta tasa de impuestos que termina dejando sin ingresos a la administración y el mantenimiento del inmueble.
Parafraseando a Javier Velasteguí, los procesos no deberían ser tan burocráticos y urge la conexión de entidades públicas para la formulación de permisos.
El teatro Pop-Up. Foto: archivo del teatro
Comprender el arte y la cultura como un nuevo desarrollo
Recordemos, como dije antes, que no sólo se mide el desarrollo de un país por su economía. El arte y la cultura son factores importantísimos para lograrlo. En este respecto, podemos rescatar de Adorno y Horkheimer el concepto de “industria cultural”. Pero visto de una forma positiva, distinta de la crítica fuerte que ofrecen los autores alemanes.
Hoy hay quienes definen “la industrial cultural” como “el conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de cultura con fines lucrativos”. Estas crean mecanismos con el fin de aumentar el consumo de sus productos, modificar los hábitos sociales, educar, informar y transformar a la sociedad. En otras palabras: la cultura es una herramienta importantísima para la política.
Como explica Néstor García Canclini,escritor y antropólogo argentino, existen poderes oblicuos que otorga la misma: la reorganización estructural del poder. 1. Cómo opera el poder y quien lo ejerce 2. El poder asume distintas formas y direcciones. 3. Cambia también por los medios masivos, políticos que también influyen para la recreación de la cultura.
Y no olvidemos el poder blando (poder persuasivo, concepto de Joseph Nye) que estos ejercen. Estados Unidos es un caso excelente de estudio de esto. Con solo ver la Ceremonia de Inauguración de la nueva administración de Biden podemos ver la potencia simbólica de que Lady Gaga esté cantando el Himno Nacional.
Si en Ecuador se le diera más importancia al arte y a la cultura a nivel estatal, estas serían herramientas vitales y poderosas para la educación y politización de espacios. Y, me atrevo a decir, se lograría una ciudadanía más participativa.
Claro está que la pandemia ha sido algo inesperado. Varios sectores económicos y comerciales han sido terriblemente afectados. Y no sorprende que uno de estos sea la rama del arte y la cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio difundió a principios de Abril 2020 el primer boletín del impacto económico del Covid-19 en el sector de Arte y Cultura del Ecuador. Este indica que el valor estimado de pérdida por 15 días de paralización es de $11.805.687,50 USD. De este monto, se especifica que $1.068.065,09 competen a “espectáculos musicales y escénicos, así como salas de conciertos y teatros”. Cabe destacar que, acorde a este boletín, el 70% de las actividades artísticas están paralizadas. Por otro lado, en el mismo boletín, gracias a un trabajo en conjunto con el INEC, se detalla que Quito (26,11%) y Guayaquil (22,57%) son las ciudades principales con mayor empleo cultural.
Se necesita dejar de ponerle trabas a quienes deciden crear arte y establecer espacios culturales. La economía naranja es una excelente vía para el desarrollo de este país y es imperioso crear e implementar políticas públicas que ayuden y promuevan el crecimiento de este sector. Un paso lo dio, por ejemplo, la Universidad de las Artes (ubicada en Guayaquil), que expuso y difundió una petición para que la ciudadanía firme con el fin de que el COE Nacional lance nuevas medidas que declaren a la cultura como servicio esencial.
Recordemos que el rol del Estado es asistir, y que tanto la cultura como el comercio son igual de importantes para el desarrollo de un país.
Gracias a Fabiola, Ramón, Juana, Ricardo, Javier y Denisse, por ayudarme a darle forma a este artículo y por la resistencia en la lucha por la visibilidad de los teatros en el país.
Catherine Torres Cabanilla
Licienciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Feminista y activista por los derechos humanos. Escribo lo que siento, lo que cuestiono y lo que critico en https://caathytorres.wixsite.com/caaathsss .
Fuente: https://radiococoa.com
